Uno de los asuntos más candentes en la opinión pública española vio el fin de un nuevo episodio este pasado jueves, cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva.
La polémica reforma de la ley actual contempla el aborto libre hasta la semana 14, plazo que podría verse ampliado hasta la 22 en caso de riesgo para la vida o salud de la mujer, e incluso sin límite de tiempo en caso de graves anomalías en el feto. Aparte de ello, también permite a las mujeres de entre 16 y 18 años, quizás el aspecto más controvertido y criticado, tomar la decisión de interrumpir su embarazo sin contar con la autorización de los padres.
Además, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) será una prestación pública y gratuita que el Estado se encargará de velar por su cumplimiento en todas las provincias de nuestra geografía.
Por otra parte, las mujeres que decidan abortar en el ejercicio de este derecho, recibirán un sobre cerrado con toda la información que necesitan conocer sobre los pros y contras de la intervención y los centros donde pueden hacerla, así como las ayudas que percibirían en caso de que prefirieran continuar con la gestación.
Finalmente, serán obligatorios tres días de reflexión desde la petición de intervención, y una vez que las mujeres hayan percibido toda la información al respecto, antes de que esta sea aprobada por las autoridades sanitarias, lo que, en palabras de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, "garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo dentro de las primeras 14 semanas".
Así pues, las diferencias sustanciales con la ley vigente son las que remiten a los plazos, pues la actual es una ley de indicaciones, que limita los supuestos despenalizados de aborto a tres; a saber: si el embarazo es fruto de una violación (permitiéndose en las 12 primeras semanas de gestación), si el feto presenta graves taras físicas o psíquicas (con un plazo de 22 semanas) o si hay peligro para la vida de la madre o para su salud física o psíquica (sin límite de tiempo máximo).
Con todos estos presupuestos, esta ley promete convertirse en un nuevo epicentro del debate entre conservadores y progresistas dentro de nuestra sociedad. Los unos centrando sus críticas sobre la negación del derecho a la vida de los fetos, y los otros en la defensa de los derechos inalienables de las mujeres a decidir cómo actuar en su cuerpo. Y esto no ha hecho más que empezar, puesto que los trámites por los que aún ha de pasar este anteproyecto son diversos antes de que pueda convertirse en ley aprobada.
En lo único que sí parece habrá consenso es en el tema de las menores de edad, en cuyo caso anticipamos que las enmiendas de distintos grupos políticos habrán de prosperar, a nuestro entender, acertadamente, cambiando la propuesta actual por otra en que el conocimiento de los padres de la situación de sus hijas sea indispensable antes de que estas puedan elegir abortar.
Lo cierto es que el ruido de los tambores de guerra es ya ensordecedor y, una vez más, el debate político, lamentablemente, niega el protagonismo a aquellos en quienes debiera recaer: los médicos. Pues ellos y no otros son los profesionales cualificados para opinar sobre este delicado asunto. Desde luego que juristas, religiosos y políticos tendrán mucho que decir, pero es el personal sanitario quién más conoce los pormenores de esta práctica y quien, con la ciencia como guía, tendría que tener la capacidad de decidir cómo llevar a cabo esta reforma.
En fin, los próximos meses verán vertirse ríos de tinta sobre esta cuestión que, de una u otra manera, a nadie deja indiferente, y en torno a la que todos tenemos opiniones extraordinariamente divergentes. Pues ya se escucha en el aire la pregunta sin respuesta –o la del millón de respuestas–: ¿en qué preciso instante comienza una nueva vida?
FRAN.
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“Todos los grandes problemas de arte han sido resueltos en el siglo dieciséis.
